El problema no es la ley, es su falta de implementación

¿Qué posición tomar ante el bombardeo mediático que sostiene que “hay que modificar la actual ley de salud mental”? ¿Es la ley la que dificulta brindar una atención adecuada o es su falta de implementación?

Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos

Hace unos meses, en los medios de comunicación de nuestro país, y con base en casos de gran resonancia mediática, circulan noticias que intentan construir un consenso que pone en entredicho la legitimidad de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010.

Esta información favorece la construcción de una opinión pública que expresa un gran desconocimiento sobre esta normativa y promueve revertir un largo proceso que busca garantizar los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental.

Desde la presentación del primer proyecto de ley en 2006 en la Cámara de Diputados, se han generado numerosos encuentros y debates públicos en los que han participado organismos internacionales, colegios profesionales, autoridades políticas, académicos, familiares y usuarios de los servicios de salud. mental. En otras palabras, el proceso hacia la sanción de esta ley implicó la participación activa de los diferentes actores involucrados en los problemas de salud mental, en la definición de los problemas y en la delineación de las formas de abordarlos.

Además, esta ley se basó en experiencias fértiles que se llevaron a cabo en diversos contextos locales argentinos y recibió también numerosos instrumentos internacionales de salud mental que constituyeron un aporte fundamental para el trabajo de todos aquellos que defienden los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, ¿Qué sucedió en los años posteriores a la promulgación de esta ley? Bueno poco La incapacidad o falta de voluntad política de nuestros gobiernos para su efectiva implementación y diversos intereses empresariales han provocado un proceso de deslegitimación social que hoy la pone en riesgo. De esta manera, se produce una enorme paradoja: se culpa a la ley de salud mental de las consecuencias de no implementar la ley de salud mental.

marzo-salud-mental-2
(Imagen: FB Marcha por el Derecho a la Salud Mental)

Se dice en los medios de comunicación que la ley impide las hospitalizaciones involuntarias, aunque expresamente, en su capítulo 7, la ley habilita este tipo de hospitalización, solo que establece una serie de precauciones necesarias, por ser un tema tan delicado. así como la privación de libertad de los usuarios.

En los medios de comunicación se exhibe el dolor de las familias cuando, si se implementara la ley y se brindaran los dispositivos y apoyos necesarios (hospitales de día, casas intermedias, centros de rehabilitación, servicios de internación en hospitales generales, entre otros), esas mismas familias estarían más contenido y no tendría que pasar por el abandono y la incertidumbre que ofrece el estado actual de las cosas.


La mayoría de los argumentos utilizados para atacar la ley son producto de su falta de implementación por parte del sistema público y privado.


¿Qué lugar ocupan los medios de comunicación en este escenario? Estos pueden contribuir a instalar y difundir el necesario cambio de paradigma sobre la salud/enfermedad mental en los servicios de comunicación audiovisual o colaborar en la perpetuación de viejos modelos.

El primer Censo Nacional de Personas Hospitalizadas por Motivos de Salud Mental en Argentina en 2019 indica, entre otros datos, que el tiempo promedio de hospitalización por problemas de salud mental en Argentina es de 8,2 años y asciende a 12,5 años en el sector público, que el 64% de las personas hospitalizadas no necesitan estarlo, que el 69% tiene ingresos económicos, pero el 72% de ese porcentaje no los maneja, que el 58% tiene vivienda, pero el 74% de ese porcentaje no la tiene.

No podemos seguir avalando socialmente este modelo de atención a la salud mental donde es legítima la negación de los derechos más básicos “por el bien de los pacientes”.

8-Marzo-Derecho-Salud-Mental-cordoba-2
(Imagen: Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos)

Hoy nos corresponde a nosotros colectivamente exigir al Estado un aumento de las partidas destinadas a la salud mental hasta llegar a un mínimo del 10% del presupuesto total en salud, tal como lo prescribe la Ley Nacional de Salud Mental, y no que esta regulación sea modificado.

Hoy tenemos que exigir el cierre de los hospitales neuropsiquiátricos y la adecuación de los hospitales generales para que allí se brinde atención de emergencia, y no repetir lo que intentan instalar algunos discursos interesados.

Hoy tenemos que exigir hospitales de día, casas intermedias, centros de rehabilitación y no más hospitalizaciones prolongadas.

Hoy, nos toca emocionarnos y reclamar por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental.

*Por Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos / Imagen de portada: Marina Chena.

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*