Estratagemas de “mala fe” o de cómo horadar la legitimidad de la ley de salud mental

El miembro del Observatorio de Salud Mental y DD. HH., y vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, analiza en esta nota dos “estratagemas de mala fe” que diversos actores políticos y sociales están utilizando como un fuerte ataque al paradigma de los derechos en salud mental. El primero es producto de prejuicios, ideologías o intereses, y el segundo se esconde detrás de un apego al cumplimiento de la ley, una política de ajuste y restricciones. “Necesitamos políticas de salud mental que implementen adecuadamente las leyes que pudimos lograr. Para eso, es necesario deconstruir estos discursos y revelar su manipulación”.

Por Jaschele Burijovich para La tinta

Los últimos dichos y hechos en torno a episodios vinculados a problemas de salud mental pueden ser una oportunidad para reutilizar un clásico: El arte de tener razón, por Arturo Schopenhauer. Este filósofo recoge en este texto “estratagemas de mala fe” para salirse de un debate, independientemente de si lo que se dice es cierto o no. Podríamos añadir a este objetivo argumentar sobre cualquier acción aunque vaya en sentido contrario a lo planteado.. En esta nota queremos nombrar dos “estratagemas de mala fe” que diversos actores políticos y sociales están utilizando para perforar la legitimidad de la ley de salud mental. El primero es producto de prejuicios, ideologías o intereses, y el segundo se esconde detrás de un apego al cumplimiento de la ley, una política de ajuste y restricciones.

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(Imagen: El resaltador)

Ha habido múltiples demostraciones de esto en los últimos meses que se presentan como ejemplos de la primera artimaña. Las declaraciones sobre lo sucedido con el cantante Chano, el ataque a un policía Metropolitano, los casos de muerte por drogas adulteradas y tantas otras que se utilizan para justificar la necesidad de modificar la ley nacional de salud mental. En este caso, la primera estratagema funciona. En algunas situaciones, se reclama «mano dura»; Se esgrime el argumento de que existe una “puerta giratoria” para las personas involucradas en estos hechos, se tergiversan los artículos de la ley de salud mental, se niegan o se atribuyen a la ley cuestiones relacionadas con el incumplimiento.


Hay un fuerte ataque al paradigma de los derechos en salud mental. Desde posiciones punitivas, algunos defienden la peligrosidad de los usuarios y reclaman más castigo y encierro. Asocian la violencia y el crimen con el sufrimiento psicológico, reforzando la exclusión de este grupo. Desde la hegemonía médica, vuelven visiones reduccionistas con actores que buscan sostener la centralidad de la psiquiatría y los hospitales psiquiátricos en las estrategias de atención, negando prácticas interdisciplinarias con modelos comunitarios.


Las críticas relacionadas con la ineficiencia del Estado son sustentadas por sectores pro mercado y más cercanos a la privatización de los servicios de salud sin analizar ni contextualizar las causas de estos déficits en las capacidades estatales.

Otros argumentos afirman que la ley es buena en teoría, pero impracticable, sustentando esto en la dicotomía entre teoría y práctica: la ley fue redactada por «los que nunca tuvieron que hacer guardia en un hospital psiquiátrico». De esta manera, cancelan toda posibilidad de discusión. Otras estrategias van en la dirección de seguir fragmentando el campo de la salud mental. Aquí se ubican quienes quieren cortar la atención a las adicciones y consumos problemáticos; Para ello, presentan nuevos proyectos de ley específicos que atienden a estas condiciones o eliminan el artículo 4, que es el que se refiere a las adicciones en la ley.

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También hay una embestida anti-derechos. Desde sectores conservadores, hay discursos que desde la filantropía, la caridad y el paternalismo proponen una vuelta al modelo tutelar, desacreditando el modelo social de atención a la discapacidad psicosocial.


En definitiva, no tienen reparos en plantear cuestiones discriminatorias y/o criminalizadoras. Tampoco en desconocer una concepción integral de la salud y, en muchos casos, atados a discursos moralizantes.


El segundo “esquema de mala fe” no es menos peligroso. Mientras se sostienen las adhesiones, se ejecutan las transgresiones de la misma ley que predican defender. En la política de salud mental en Córdoba tenemos una gran cantidad de ejemplos. Los presupuestos destinados al sector nunca han llegado al 10% del presupuesto sanitario como recomiendan los organismos internacionales. No han apoyado a los municipios, en su gran mayoría desfinanciados, para fortalecer el primer nivel de atención y de esta forma poder implementar el modelo comunitario. Han permitido además el deterioro de hospitales psiquiátricos, pabellones cerrados y guarderías de usuarios sin poner en marcha los necesarios dispositivos de sustitución, casas intermedias, talleres, centros de rehabilitación sociolaboral y tantos otros que propone la ley. El modelo de asilo y segregación se sostiene mientras se declama la transformación. Los discursos de las autoridades políticas de salud mental no corresponden a un análisis serio de la realidad del sector.


Necesitamos políticas de salud mental que implementen adecuadamente las leyes que pudimos lograr. Para ello, se requiere deconstruir estos discursos y revelar su manipulación.


Asistimos a lo que algunos autores denominan “giros inversos”. Actores que “venden” soluciones efímeras que no se ajustan a un debate racional y democrático. Se puede acceder a un sentido más auténtico de lo que ocurre en el campo de la salud mental si se escucha la voz de los colectivos perjudicados por estas acciones y omisiones. Los actores que apoyan intereses específicos, algunos medios, algunos funcionarios nos cuentan su propia historia. Para revertir estas “estratagemas de mala fe”, tenemos que hacer audibles y creíbles las “realidades de buena fe”..

*Por Jaschele Burijovich para La Tinta / Imagen de portada: FB Marcha por el Derecho a la Salud Mental.

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