Humedales en el Congreso | La tinta

Representantes de la academia y sociedad civil exigen que se sancione una ley de humedales y cuestionan un anteproyecto impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente junto con la COFEMA, mientras en el Poder Legislativo hay más de diez proyectos pendientes de ser tratados. Entre ellos, uno que había sido debatido, unificado y consensuado a partir de diversas iniciativas.

Los humedales son esenciales para mantener un buen suministro de agua y mitigar los efectos del cambio climático, ya que actúan como los mayores sumideros de carbono, mitigando así los efectos del calentamiento global. Además, su capacidad de retención de agua disminuye los impactos de las inundaciones y reduce el riesgo de inundaciones; son reservorios y depuradoras de agua dulce, y albergan más del 40% de la biodiversidad mundial. En Argentina se estima que existen más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, el 23% del territorio nacional (que incluye salinas y otros cuerpos de agua como lagunas, esteros, turberas, bosques fluviales, esteros, esteros y ciénagas). ), y que desde hace al menos cinco años se encuentran entre los ecosistemas más degradados y amenazados del país. Por todo ello, es urgente contar con una ley que regule los usos que se pueden desarrollar sobre ellos, que sean sostenibles y aseguren su conservación.

Sin embargo, a pesar de que los proyectos se presentan desde hace cerca de una década, terminan perdiendo estatus parlamentario, sin convertirse en ley. Actualmente, hay más de una decena de ellos esperando ser tratados: tres se han presentado en la Cámara de Senadores y ya tienen comisiones asignadas para su debate, y ocho se presentaron en la Cámara de Diputados y aún esperan ser turnados. a las comisiones correspondientes para su tratamiento.

“Si no se da la vuelta a las comisiones, no puede iniciarse el proceso de análisis legislativo de la Ley de Humedales. Por eso lo más urgente, que es lo que estamos pidiendo, es que se hagan los anteproyectos y un pleno de comisiones, que todos juntos den un dictamen, porque ya se discutió la ley, para ir abajo al recinto y obtener media sanción”explica Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Medio Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que esta semana presentó una solicitud de informe, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información, en la que solicitan que se responda a dos preguntas específicas: por qué por qué aún no se han realizado los borradores correspondientes, dado que ha pasado un tiempo considerable desde la presentación de los proyectos, y cuál es la fecha estimada en la que tienen previsto hacerlo.

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(Imagen: Agencia TSS)

“Nos preocupa que la agenda ambiental no esté presente en el escenario del Congreso Nacional. Sin embargo, como organizaciones de la sociedad civil, seguiremos presionando ante diferentes instancias, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, para que se tome conciencia de que necesitamos con urgencia una ley de humedad”, resaltó Di Pangracio, quien es abogado especialista en Derecho Ambiental, y advierte que los incendios aún continúan: “Solo en Corriente se quemaron decenas de miles de hectáreas de humedales y ahora también se intensifica en el Delta”, señala.

En Argentina se estima que existen más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, el 23% del territorio nacional.

El proyecto acordado

En tanto, un proyecto recientemente consensuado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), y el Consejo Federal del Ambiente (COFEMA), que fue anunciado como un texto “consensuado de manera federal” y que constituye “un hito en materia de trabajo colectivo, conjunto”, está recibiendo cuestionamientos y críticas, ya que reduce el alcance territorial de la norma, flexibiliza el inventario, ignora el principio de precaución y limita la participación ciudadana.

El 11 de julio, durante una asamblea de COFEMA en la sede del MAyDS, el Ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, anunció que esperan llevar al Congreso un proyecto de Ley de Humedales consensuado por ambas organizaciones. Según informó ese ministerio, la propuesta fue “elaborada sobre la base del Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para Humedales consolidado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Humano de Diputados, con el aporte de diferentes organizaciones y actores involucrados”.

El anuncio responde a un compromiso asumido por el MAyDS a principios de este año, luego de que el proyecto de Ley de Humedales que estaba listo para ser discutido perdiera estatus parlamentario por tercera vez consecutiva. Este es un proyecto que desde hace más de diez años impulsan organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil, que en esta última ocasión había sido debatido, unificado y consensuado, a partir de al menos diez propuestas diferentes, con el apoyo de más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos. Ese mismo texto ha sido presentado nuevamente en la Cámara de Diputados el 2 de marzo de este año, por el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), con el apoyo de otros 37 legisladores, y es uno de los que aún no ha sido girado. a comisiones para su tratamiento.

“El discurso público se monta sobre la continuidad de un proyecto que había logrado un alto consenso, pero para producir un proyecto que nada tiene que ver con él y que no nos deja otra posibilidad de lectura que la que busca garantizar la continuidad de el modelo extractivista en sus diferentes manifestaciones, en todo el país”Patricia Pintos, quien es estudiante de doctorado en Geografía y miembro de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).

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(Imagen: Agencia TSS)
Una de las modificaciones propuestas en el cuestionado proyecto está vinculada a la ordenación del territorio: desaparecería la moratoria, medida que frenaría nuevas actividades o la ampliación de las ya existentes, hasta que se incorporen los humedales a la Ordenación Ambiental del Territorio.

Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto de ley es que modifica la definición de humedal que había sido acordada por la comunidad científica nacional –e incluso adoptada por la propia COFEMA, en 2016–, reduciendo el ámbito territorial y los ecosistemas a proteger. . En concreto, esta definición entiende por humedal un medio ambiente en el que la presencia temporal o permanente de aguas superficiales o subterráneas provoca flujos biogeoquímicos propios y distintos a los de los medios terrestres y acuáticos. Las características distintivas son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrofíticas y/o suelos hídricos o sustratos con características hidromórficas.


“Lo más preocupante es que el nuevo texto degrada el proyecto de Ley de Humedales, entre otras cosas, porque la regulación ambiental está sujeta a que primero se haga el inventario, lo que puede llevar años y años. Mientras tanto, los humedales continúan siendo degradados y destruidos. Además, borra toda la agenda de derechos que incluye el proyecto acordado”, agrega Di Pangracio y advierte que es un texto que termina favoreciendo a las provincias que bajan el perfil del involucramiento que tendría el Ministerio del Ambiente de la Nación en la implementación de la norma, y ​​simplemente “sería una forma de que obtengan fondos, como lo hacen con la Ley Forestal”.


Otra de las modificaciones cuestionadas, vinculada al ordenamiento territorial, es que desaparece la moratoria, medida que frenaría nuevas actividades o la ampliación de actividades existentes, hasta que se incorporen los humedales al Ordenamiento Ambiental. De esta manera, se violan los principios preventivos y de precaución. “Su eliminación es como una invitación a darle continuidad a la fiesta de transformación de los ecosistemas de humedales que han protagonizado muchas actividades propias del extractivismo. Al eliminar instancias clave como la moratoria, los plazos y los tiempos del ordenamiento territorial ambiental, lo que se hace es garantizar la continuidad o la profundización de las prácticas extractivas en curso”, subraya Pintos.

Además, en el texto desaparecen las prohibiciones de intervención en humedales sin aprobación previa de la autoridad competente, del Estudio de Impacto Ambiental u otros estudios correspondientes, así como el capítulo sobre el uso racional y sostenible de los humedales. humedales Desaparecen también objetivos generales básicos para hacer frente a los procesos de degradación de estos ecosistemas, como el desarrollo de mecanismos o procedimientos específicos para proteger y preservar la biodiversidad de los humedales; la implementación de las medidas necesarias para desalentar actividades inapropiadas y malas prácticas que afecten significativamente la integridad ecológica de los humedales; y la valoración, reconocimiento y apoyo a los medios de vida y producción tradicionales, ya la economía popular, que, en un marco de respeto y conocimiento de su entorno, se realicen de manera racional y sostenible.

“Estos anuncios del Ministerio del Ambiente en convenio con COFEMA no son más que una máscara para dar una señal de que se avanza en el tratamiento de un proyecto de ley que es muy demandado por las organizaciones socioambientales y también por la ciudadanía, pero eso esconde la continuidad de un modelo altamente exfoliante y desnaturalizador de estos ecosistemas”, concluye Pintos.

*Por Vanina Lombardi para Agencia TSS / Imagen de portada: Agencia TSS.

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