La corporación judicial resistiéndose a los juicios de lesa humanidad: la vergonzosa condena al exjuez Caballero Vidal

En San Juan, el exmagistrado Juan Carlos Caballero Vidal, acusado de no motivar investigaciones para esclarecer el secuestro y tortura de Héctor Cevinelli y la muerte de Alberto Carvajal en 1977, recibió esta semana una levísima y ridícula sentencia de sólo dos años de inhabilitación. estando ya jubilado. Organizaciones y activistas de derechos humanos expresaron su indignación por la condena, en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad, a civiles que participaron en terrorismo de Estado en esa provincia.

Por Redacción La tinta

El Tribunal Oral en lo Penal Federal de San Juan condenó, este martes, a dos años de inhabilitación al exjuez provincial, Juan Carlos Caballero Vidal, por no promover la acción delictiva en perjuicio de dos víctimas durante la última dictadura cívico-militar.

Como se explica desde HIJOS, Héctor Cevinelli fue secuestrado y, cuando apareció con vida, su abogado informó a la Corte de la noticia. “Caballero Vidal le habría dicho que ‘sabía que Cevinelli no tenía nada que ver con la subversión y que tenía muchas posibilidades de aparecer’. El abogado, testigo en el juicio, dijo que el juez le dijo: «Supongo que tienen poderosas razones para olvidar todo lo que pasó», y que, mientras tanto, «sacó un arma de 9 milímetros del cajón y la puso en el escritorio».

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(Imagen: Ina Estévez Fager)

El segundo hecho está vinculado a la muerte de Alberto Carvajal, militante torturado y asesinado al interior del penal de Chimbas. “Según la acusación, el exjuez ordenó la autopsia del cuerpo sin profundizar en la investigación sobre los motivos de la muerte, por lo que el hecho aparentó ser un suicidio. Según el abogado Bula, Caballero Vidal dijo que ordenó la autopsia a pedido del jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, pero no continuó con la investigación, a pesar de que la autopsia mostró indicios de que la muerte había sido causada. por terceros. Esta historia es parte de nuestro Poder Judicial. El que se niega a ser investigado, reformado y transformado. Es parte de lo que no podemos llamar Justicia. Pasaron muchos años para que el mismo Poder Judicial señalara al ex juez Caballero Vidal como investigador de crímenes de lesa humanidad. La pena es inferior a la que pide la fiscalía (dos años de prisión)”, detallaron desde HIJOS.

La tinta habló con Diana Tello Roldánes miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y declaró en Megajuicio II que tuvo lugar en 2017 y del que surgió el proceso contra el exjuez Caballero Vidal. En el juicio contra la exmagistrada también fue citada. “Mi esposo Oscar Silverio Castillo fue detenido en 1978 por orden del juez Caballero Vidal, entonces juez del 6° Juzgado Penal Provincial, y posteriormente puesto a disposición del Poder Ejecutivo nacional. Mi esposo fue absuelto, fue puesto en libertad la noche del 7 de abril de 1978 y, antes de llegar a nuestra casa, fue secuestrado y sigue desaparecido. Por eso tuve varias entrevistas, entre tantos trámites que hice, en la oficina de Caballero Vidal. Allí me dijo que tenía un amigo militar que le decía que el Ejército, aunque pasaba mucho tiempo, siempre estaba ocupado arrestando y condenando a quienes creían que habían atacado sus propios objetivos. Dijo que conocía a otra chica cuyo marido se lo había llevado como a Oscar, pero que al rato apareció en San Juan, lo que me dio esperanza en la búsqueda de Oscar. Y ante mi pedido de consejo para un recurso de hábeas corpus, me despidió sin ayudarme. Entonces el fiscal Francisco Maldonado consideró que mi testimonio demostraba que Caballero Vidal sabía lo que estaba pasando con las violaciones a los derechos humanos en San Juan. El mío fue un testimonio de contexto”, dice Tello Roldán.

Oscar Silverio Castillo militó en la Juventud Obrera Católica, en el Movimiento de Izquierda de Tacuara, la Juventud Peronista y Montoneros. Era fotógrafo, trabajaba en el servicio provincial de salud y era delegado sindical de la Asociación de Trabajadores de la Salud Argentina (ATSA). El 12 de febrero de 1978 lo detuvieron ilegalmente y el 7 de abril del mismo año lo desaparecieron. Tenía 35 años y un hijo de año y medio, Pablo.

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(Imagen: Ina Estévez Fager)

En relación a la importancia de este juicio a nivel nacional y para San Juan en especial, Diana afirma que: “Para la provincia es el primer juicio por crímenes de lesa humanidad contra civiles que participaron en terrorismo de Estado. Por otra causa también se tramita el juicio al exfiscal federal Yannello, ambos pertenecientes al Poder Judicial de San Juan. Luego de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, ganó las elecciones en San Juan Leopoldo Bravo del Partido Bloquist, quien había ocupado la gubernatura durante parte de la dictadura. Esto perjudicó la posibilidad de revelar procedimientos y participación de personajes que permanecieron en secreto hasta que comenzaron los juicios en la primera década del siglo siguiente. Esos jueces y fiscales permanecieron en sus puestos y ascendieron en sus carreras. Por ejemplo, Caballero Vidal ya era juez de la Corte de Justicia de San Juan. Pero siempre tiene subterfugios, como jubilarse privilegiado con salarios libres de impuestos. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas siempre dieron testimonio. En mi caso, tuve que reconstruir, en 2006, los archivos que curiosamente también habían desaparecido, con fotocopias que atesoré durante décadas. Siempre ponemos el cuerpo con nuestros testimonios, en el proceso de reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia. Revivimos nuestro dolor, angustia y persecución para que el Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado por los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y María Carolina Pereira (del Tribunal Oral Federal de San Luis), dicten esta vergonzosa e injusta sentencia”.

Al inicio de la causa, Caballero Vidal fue acusado de delitos más graves como participación necesaria y asociación ilícita, pero la Cámara Federal de Mendoza lo declaró carente de mérito, detalla Tello. “El fiscal Maldonado dice desconocer los fundamentos, porque no fueron publicados, y calificó de vacío el dictamen de la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza. Es evidente que el Poder Judicial se resiste a avanzar en los casos que involucran a civiles y miembros del Poder Judicial cómplices del terrorismo de Estado. Yo creo que la corporación judicial se protege como parte del poder real”, concluyó el miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

*Por Redacción La Tinta / Imagen de portada: Ina Estevez Fager.

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